El fallo corresponde a una decisión tomada en una Corte en Orlando (Florida) por el juez migratorio James Grim en febrero de 2012 y ratificada en agosto, aunque sus pormenores no habían trascendido.

Vides Casanova fue acogido en Estados Unidos tras cesar en su cargo militar en 1989, año en el que se mudó a West Palm Beach, en el sur de Florida.

En su dictamen, Grim estableció que había razones más que suficientes para denegar la residencia en EUA a Vides Casanova por entender que el exmilitar y exministro de Defensa de El Salvador había "asistido o participado" en el asesinato de varias religiosas estadounidenses y por tolerar actos de tortura.

"Dado el vasto número de matanzas extrajudiciales de este caso, la Corte encuentra inverosímil que el acusado no tuviera conocimiento de la implicación de sus subordinados en al menos una de esas muertes", explica el documento judicial.

Entre 1979 y 1983, Vides Casanova ejerció como director general de la Guardia Nacional Salvadoreña y fue ministro de Defensa del país centroamericano entre 1983 y 1989.

El magistrado consideró que el exgeneral "sabía y debió haber sabido" los delitos cometidos por sus mandos y le recriminó que no tomó "medidas razonables para prevenir o detener esos actos, investigar de forma genuina lo ocurrido para castigar a los autores".

La sentencia establece que lejos de castigar a quienes practicaron la tortura, el exgeneral Vides Casanova los recompensó con ascensos.

El juez Grim concluyó que Vides Casanova debe ser deportado a El Salvador por incumplir con las premisas de las leyes migratorias que prohíben la estancia en el país a extranjeros que hayan cometido o sido cómplices de torturas y asesinatos.

El contenido del fallo judicial fue reclamado en los tribunales federales por el diario The New York Times por entender que se trataba de un caso de interés público, si bien su petición había sido denegada en un primer momento por tratarse de un proceso que aún no está cerrado y que afecta a la privacidad del acusado.

Los abogados de Vides Casanova han apelado esa condena de deportación y argumentaron que la actuación de su cliente durante la guerra civil en El Salvador contaba con el respaldo del Gobierno de EUA, que le daba "asesoramiento, asistencia militar y financiero".

Asimismo, sus defensores aseguraron que Estados Unidos no puede usar retroactivamente una ley aprobada en 2004, en la que se prohíbe la entrada y la residencia en el país de personas que atentan contra los derechos humanos, para castigar sucesos que ocurrieron en la década de 1980.

Según la acusación, el exmilitar estuvo envuelto en la muerte de las religiosas estadounidenses Maura Clarke, Dorothy Kazel e Ita Ford, y de la misionera seglar Jean Donovan, que fueron secuestradas, violadas y asesinadas en El Salvador por integrantes de la Guardia Nacional en 1980.

Vides Casanova había sido también demandado por tres civiles por torturas sufridas bajo la llamada doctrina de mando de responsabilidad, en 1999.

Sobre el exgeneral pesan acusaciones de tortura en los casos de Juan Romagoza y Daniel Alvarado, quienes testificaron en su contra durante la audiencia de deportación que tuvo lugar en abril de 2011.

En 2002, un jurado ordenó a Vides Casanova y a otro militar, José Guillermo García, indemnizar a tres supervivientes de abusos con 54,6 millones de dólares.

En 2009, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el inicio del proceso de deportación, a petición del Centro para la Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés), que representa a los salvadoreños civiles.

El CJA había pedido a Estados Unidos, con ayuda de dos senadores, que analizaran de nuevo la acusación contra los generales y su posible deportación.

EUA publica sentencia que muestra abusos de exgeneral