Señor Presidente, Señor Secretario General, colegas delegados, señoras, señores:
Buenas tardes. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes. Es un honor pero también una gran responsabilidad. La responsabilidad viene de la necesidad de ser certeros en el análisis de los serios problemas que atravesamos y, en mi caso particular, de la difícil realidad que vive mi país.
El Salvador es una de las tantas naciones del planeta agobiada por esos problemas, esencialmente la pobreza, el atraso y, sobre todo, la injusticia. Cuanto más pesa sobre un gobernante el drama de su pueblo, mayor es su responsabilidad, ustedes bien lo saben.
Cuando esta Asamblea pasa revista a los Objetivos del Milenio y la marcha de la lucha contra la pobreza en el mundo, y miramos la realidad de Centroamérica, podemos decir que los esfuerzos hechos no han dado aún los frutos esperados.
No es grato para mí ser tan crudo en mi apreciación, pero la realidad se impone y la comunidad internacional debe ser sensible a los dramas que atraviesa la enorme mayoría de la población mundial. Desde hace muchos años está en la agenda de las Naciones Unidas y otros foros multilaterales la cuestión de la lucha contra la pobreza y, a pesar de que los indicadores han mejorado, no son los deseables. En cuanto a la injusticia social, lejos de haberse obtenido los avances deseados, la brecha entre los países ricos y los pobres y la que separa a los ricos de los pobres en el interior de las naciones se han ampliado. La injusticia se ha impuesto a nuestras buenas intenciones. Es la verdad.
Señoras, señores:
La reciente matanza de 72 migrantes ocurrida en el estado mexicano de Tamaulipas –de los cuales 14 son salvadoreños ya identificados y se sigue en la identificación de otros más- revela la magnitud del drama que tiene epicentro en México y Centroamérica, pero que atañe al mundo entero. Esos 72 jóvenes asesinados –hombres y mujeres desesperados que perdieron sus vidas en el intento por encontrar un destino en los Estados Unidos o en Canadá- expresan la realidad trágica de la región, pero son también una metáfora de la injusticia planetaria. Esta tragedia no ha sido un accidente de aviación o producto de un fenómeno climático. Esta tragedia está generada, esencialmente, por tres fenómenos que ponen de relieve, precisamente, la falta de resultados positivos en la lucha contra la pobreza y la injusticia.
Me refiero, primero, a la falta de oportunidades, a la exclusión, al atraso y a la injusticia generalizada que afecta a las sociedades centroamericanas y que lleva a que su población joven emigre masivamente. El segundo fenómeno son, precisamente las migraciones, consecuencias de lo anterior. Y el tercer fenómeno es la violencia, el delito y los negocios espurios del crimen organizado, que, en efecto, aprovecha el caldo de cultivo de la pobreza y el tránsito de los desvalidos migrantes para sus fines ilícitos.
El Salvador tiene seis millones de habitantes que viven en su territorio y tres millones que residen en otros países, en su mayoría en los Estados Unidos de Norteamérica.
La migración se ha venido incrementando año tras año ante la falta de respuesta de los gobiernos a los problemas antes mencionados. Nuestros migrantes –los migrantes de todo el planeta, en verdad- al dejar su Nación dejan también sus derechos ciudadanos y llegan a nuevos territorios que no les reconocen ninguno. El migrante es, pues, como lo han señalado expertos en los problemas de las migraciones, un paria, una especie humana sin derechos.
Para los más de doscientos millones de migrantes del mundo –en su gran mayoría, jóvenes- no se garantizan los derechos humanos y sociales consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas. Y otra realidad lacerante que debo mencionar es que en nuestra región se registran altísimos niveles de violencia contra la mujer, lo que reclama también de nosotros una especial atención.
Estimadas y estimados colegas:
Ya ven ustedes la relación estrecha que hay entre la pobreza, la injusticia y las migraciones.
Pero, además, en nuestra región se suma ese otro factor, íntimamente ligado a aquellos, que es la fuerte presencia del crimen organizado y altísimos índices de violencia y criminalidad.
Podríamos decir, sin exageración alguna, que el mapa de la pobreza y la injusticia es el mismo mapa de las migraciones y el mismo del narcotráfico, el tráfico de personas y de armas, la inseguridad ciudadana, el lavado de dinero y el delito de toda índole en gran escala. He hecho referencia a la falta de resultados positivos en materia de lucha contra la pobreza y la injusticia a escala mundial y, particularmente, en la región centroamericana.
Permítanme apenas un ejemplo del fracaso de las políticas implementadas en la última década en mi país.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el decil más alto de la población de El Salvador ha recibido el 23% del gasto social del Estado.
Por su parte, el decil más bajo, los pobres y marginados, recibió tan sólo el 18% de ese gasto social.
¡El Estado promovió y amplió la injusticia y contribuyó a generar más pobreza! Es evidente que las políticas neoliberales que se aplicaron en las últimas décadas atentaron contra el deseo de la comunidad internacional de reducir la pobreza, tal como ha sido expresado en los Objetivos del Milenio.
Tengamos, pues, en cuenta la sabia advertencia de Albert Einstein: "la locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes".
De manera que se impone –no me refiero solamente a mi país- un profundo cambio de paradigmas en el diseño de las políticas sociales para no seguir perpetuando el fracaso. Sería ingenuo, por ejemplo, pensar que un Estado carcelario, un Estado represor, que invierte más y más en sus fuerzas de seguridad o que moviliza al Ejército en apoyo de la policía para combatir el crimen –como he ordenado en El Salvador ante el crecimiento del crimen que heredé al asumir el gobierno- puede resolver, sin más, el problema de la inseguridad. Estaríamos cometiendo un error histórico si olvidáramos atacar –a la par que las manifestaciones de la violencia y el crimen- las causas profundas que los generan. Al Estado indolente que ha imperado en los últimos tiempos debemos transformarlo en un Estado Social que asuma como principal batalla la reducción de la pobreza y la injusticia.
En este sentido, me permito presentar a su consideración algunas reflexiones que esta realidad promueve:
Primero: esta buena batalla contra el crimen organizado y por los derechos humanos de los migrantes no es privativa de México y de Centroamérica. En este punto, me permito decirles: no dejemos solo a México. No dejemos sola a Centroamérica. No es nuestra región la principal consumidora de drogas. No son nuestros países los grandes receptores del narcodinero que se lava constantemente fruto de la falta de controles más estrictos. No es solo nuestro pueblo el que se verá perjudicado si los carteles de la droga continúan avanzando y poniendo en peligro la viabilidad de nuestros países.
De manera que esta batalla no es una batalla ajena para nadie. Sería un error creer que México y Centroamérica solos vencerán al crimen. Hoy el territorio de la violencia criminal es la frontera con los Estados Unidos y nuestros pequeños territorios, pero mañana serán las grandes ciudades del mundo desarrollado, las capitales de América, Europa, África o Asia. No dejemos solo a México. No dejemos sola a Centroamérica. Este es el llamado que quiero hacer a la comunidad internacional.
La ayuda que necesitan nuestros países es económica, es de inteligencia, es de apoyo en la capacitación, en el equipamiento de nuestras fuerzas del orden para combatir el crimen y en el control del lavado de dinero. Pero además necesitamos vuestra ayuda en las nuevas políticas sociales y regionales que el Sistema de la Integración Centroamericana ha elaborado, porque serán inversiones imprescindibles que atacarán las causas de los dramas que nos aquejan.
Por tal razón, quiero exponer dos propuestas ante esta Asamblea General:
Primero: La creación de una Comisión Centroamericana de Investigación del Crimen Organizado, con el auspicio de Naciones Unidas. La creación de este organismo toma como referencia la buena experiencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) creada, precisamente, con el apoyo de la ONU y de los Estados Unidos, Canadá y España. Una Comisión de esta naturaleza sin duda contribuirá al fortalecimiento institucional puesto que, es preciso reconocer, que los organismos estatales se encuentran infiltrados por el crimen organizado y es necesario poner todos los medios a nuestro alcance para recuperarlos y que sean útiles en la buena batalla contra la delincuencia.
Mi propuesta lleva implícito el reconocimiento de una realidad evidente: El crimen organizado no reconoce fronteras ni respeta Estados, por lo que nuestras respuestas deben también superar esos límites. Nuestra respuesta debe ser la integración. Hasta que ésta Comisión se formase, mi país trabaja en esa dirección y ha comenzado el diálogo y la acción con países vecinos tendientes a coordinar políticas, tanto de represión como de prevención de la criminalidad.
Mi segunda propuesta está referida a la creación de una alianza internacional para apoyar las prioridades de la integración regional, que se centran en la lucha contra la pobreza y la inequidad y en la generación de oportunidades que permitan a nuestra población arraigarse en sus comunidades de origen. Los centroamericanos sabemos y queremos dar la gran batalla contra la pobreza, la exclusión y el crimen organizado.De hecho, ya hemos comenzado un trabajo conjunto que va en esta dirección, con el relanzamiento de nuestro organismo de integración, que es el SICA.
Los centroamericanos trabajamos para crear sociedades fuertes, democráticas y justas. En el caso particular de El Salvador, mi gobierno avanza en la construcción de un Estado Social que reformule las políticas públicas, habida cuenta del fracaso de los mecanismos utilizados en el pasado, como ya expresé anteriormente.
La superación de la realidad de las pandillas, que se han convertido en verdaderas asociaciones delictivas coordinadas con el crimen organizado, no se logrará con meras políticas asistencialistas, ni siquiera mejorando las condiciones de vida. Este fenómeno de juventudes que desde la infancia y la adolescencia se incorporan a las pandillas está tan arraigado que se ha convertido en una suerte de subcultura, tan compleja como igualmente complejo debe ser su abordaje.
En la base de un Estado Social está, además, la profundización de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones republicanas. En este punto, bien sabemos que la corrupción es uno de los peores enemigos del sistema democrático. Por lo tanto, la apuesta por la transparencia se convierte en un aspecto fundamental de nuestra estrategia nacional y regional.
En toda Centroamérica, esta lucha no es tan solo una cuestión ética, sino también una cuestión de supervivencia democrática. O dicho en otros términos, a la posibilidad de la construcción de narco Estados debemos oponer Estados fuertemente democráticos y transparentes.
Está probado que a mayor corrupción menor desarrollo económico.
Como así también que la corrupción envilece la aplicación de las políticas públicas, sobre todo las de ayuda a los sectores pobres, reduce la confianza ciudadana y vuelve ineficiente los mercados. Mi gobierno h a creado una entidad especializada en el combate a la corrupción –la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción- y es el primero de América en someterse al control in situ por parte de la Comisión de Lucha contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos y ha sido felicitado por esta razón.
Y también es El Salvador el país de la región centroamericana –de acuerdo con el criterio del gobierno de los Estados Unidos- que mejor desempeño está teniendo en el combate al crimen organizado y el narcotráfico y de hecho no figura en el mapa de alto riesgo que el mismo acaba de diseñar. Entonces, sin instituciones transparentes, fuertes e independientes, y sin una decidida vocación para combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado, no será posible enfrentar los enormes retos que la realidad nos impone.
Señoras, señores:
Estamos librando una guerra. Una guerra nueva, ya no las del pasado. No la libramos contra otra nación, contra otro ejército regular. Enfrentamos un enemigo poderoso, sofisticado, difuso, mimetizado con nuestra sociedad y debemos hacerlo con nuevas armas, con creatividad, con inteligencia, con el concurso del conjunto de nuestras sociedades y de la comunidad mundial. Sólo así estaremos a la altura de las circunstancias. Sólo así podremos enfrentar los retos del presente. Sólo así daremos respuestas sólidas a las necesidades de las grandes mayorías que esperan una oportunidad para volver a creer en la democracia, las instituciones y la política.
Nuevamente, entonces, apelo a la conciencia y la sensibilidad de la comunidad internacional.
Y, para despedirme, deseo hacerlo con palabras pronunciadas por el Presidente John Kennedy, en su discurso de toma de posesión, en 1961, que bien ilustran el sentido de mis reflexiones ante ustedes:
“Si una sociedad libre no puede ayudar a los muchos que son pobres, no podrá salvar a los pocos que son ricos”.
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