Allen Hines (*) WASHINGTON -Gane Mitt Rommey o Barack Obama en Noviembre, es difícil decir que uno u otro de los candidatos sería una buena opción para la gente interesada en la justicia económica y social en Latinoamérica.
“Si El Salvador se convierte en otra plataforma latina para hacer avanzar una agenda anti-estadounidense, esto tendrá un impacto negativo en futuros niveles de ayuda de EEUU a través del proyecto Desafío del Milenio y USAID, así como en asuntos de inmigración de los Estados Unidos”.
Da miedo, ¿verdad? Haga valer sus derechos como país, y se enfrentan a consecuencias negativas. Lamentablemente, este ejemplo de la clásica “diplomacia del dólar” de EEUU, escrito poco después de que El Salvador eligió a su primer presidente del partido político de izquierda, proviene de Ray Walser, co-presidente del equipo de asesores sobre Latinoamérica del candidato presidencial republicano Mitt Romney.
Con la palabra “anti-Estadounidense”, Walser, miembro también de la organización de extrema derecha Fundación del Patrimonio, se refiere a cualquier persona que se enfrente a las intervenciones políticas, económicas y militares de los Estados Unidos. En concreto, pone el presidente Salvadoreño, Mauricio Funes, en alianza con Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, quienes se han opuesto al imperialismo de los EEUU.
Días antes de que el presidente salvadoreño Mauricio Funes ganara las elecciones en 2009, la administración Obama emitió una declaración de que no trataría de influir en la votación. Las declaraciones de Walser sugieren que éste no sería el caso bajo una presidencia de Romney.
Los antecedentes de Romney, sus posiciones políticas actuales y su elección de Paul Ryan como compañero de fórmula, también apuntan a una estrategia de mayor intervención política y militar, y más presión para privatizar los servicios públicos.
En un reciente discurso de campaña en una universidad, Mitt Romney dijo a los estudiantes que comenzaran sus propios negocios pidiéndole dinero prestado a sus padres. Pese a lo desubicado de ofrecer ese consejo a estudiantes de familias de clase trabajadora, un préstamo de sus padres es mucho menos sombrío que la fuente de capital de inicio que utilizó Romney. Su compañía, Bain Capital, se inició con dinero de personas conectadas a los escuadrones de la muerte en El Salvador.
Paul Ryan, el senador de Wisconsin que Romney seleccionó como su compañero de fórmula, también tiene puntos dolorosos relacionados con la Guerra Civil en El Salvador. Elliott Abrams es su asesor de política exterior. Como Secretario de Estado Adjunto de los EEUU durante la administración Reagan, Abrams no solo intentó ocultar la masacre ejecutada por el ejército Salvadoreño en El Mozote en 1981, sino también admitió que había mentido al Congreso estadounidense sobre el escándalo Irán-Contra, que canalizó armamento a las fuerzas derechistas en Centroamérica.
La Guerra contra las Drogas continúa haciendo estragos en la región, y la plataforma de Romney parece indicar la continuación o aún un aumento de la militarización. Como solución a la amenaza sin fundamento de violencia narcotraficante trans-fronteriza, plantea la necesidad de completar la valla fronteriza México-Estados Unidos, una prioridad de siempre para la agenda Republicana.
Una valla reforzada en la frontera envía un mensaje claro de quién y qué es valioso para la gente poderosa en los Estados Unidos. A medida que la política exterior estadounidense presiona a los países de Centroamérica para que continúen abriendo sus economías y recursos naturales a la explotación internacional, los refugiados económicos y ambientales resultantes tendrán más dificultades para cruzar la frontera.
¿Y Obama? El suyo tampoco es exactamente un legado digno de pregonar.
Tras el golpe de estado del 2009 en Honduras, Estados Unidos, junto con Canadá, fue uno de los primeros países en reconocer al gobierno de Porfirio Lobo Sosa. El régimen de Lobo es notorio por su represión de las personas que se han alzado para defender sus derechos, incluyendo los campesinos del Valle del Aguán.
El gobierno de Obama ha aumentado el financiamiento para la Guerra contra las Drogasbajo la Iniciativa Centroamericana de Seguridad Regional (conocida como CARSI por sus siglas en íngles), lo que ha resultado en la muerte de civiles en Centroamérica. Además, su gobierno logró silenciar un debate regional en torno a la legalización de las drogas esta primavera.
Y los Estados Unidos siguen impulsando políticas económicas de libre mercado en América Central. El Asocio Para el Crecimiento fue un primer paso en el impulso de privatización y “asocios público-privados”, como la forma de estimular el desarrollo económico. Aunque fue concebido originalmente como un plan de desarrollo, el Asocio Para el Crecimiento de alguna manera se ha transformado para enfatizar la seguridad ciudadana y orden público. La revista digital salvadoreña El Faro ha informado que a cambio del apoyo de EEUU para el plan – ahora con el mayor énfasis en la seguridad – el Presidente Mauricio Funes ha destituido la mayoría de los funcionarios del FMLN del Ministerio de Seguridad.
Otro esquema de privatización apoyado por Estados Unidos, la Ley de Asocio Público-Privado, se encuentra bajo estudio en la Asamblea Legislativa salvadoreña. El aeropuerto Comalapa y los puertos marítimos de La Libertad y de Acajutla probablemente serán los blancos principales de la ley.
La política de EEUU hacia América Latina desde la década de 1980, sin importar qué partido controle la presidencia, ha seguido una trayectoria hacia la economía neoliberal. Como lo demuestran los antecedentes de Obama y como lo sugiere la plataforma de Romney, cualquiera que gane en Noviembre, el trabajo de los activistas de solidaridad presionando para garantizar la soberanía de El Salvador y de la región seguirá siendo vital.
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