Coronel Montano enfrenta extradición a España luego de sentencia en EEUU
Ex vicemnistro será sentenciado en Boston, informa Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA)
Por Víctor Flores García
MEXICO DF - El coronel Inocente Orlando Montano, quien fue viceministro de Defensa del gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994), será sentenciado por violar las leyes de inmigración de Estados Unidos y enfrenta un juicio de extradición a España como uno de los responsables de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas en 1989, informó este lunes el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de San Francisco.
El ex viceministro de Defensa para Seguridad Pública “será sentenciado por el delito de violar las leyes de inmigración y las leyes de perjurio en los Estados Unidos”, de acuerdo con un reporte del Center for Justice and Accountability (CJA) que lleva el caso en la ciudad de Boston.
La fase final de sentencia, que comenzó en enero de 2013, se iniciará el jueves 22 de agosto y debe concluir el lunes 26 de agosto, en la Corte de Boston, Estados Unidos de acuerdo con el CJA.
El coronel Montano ha llamado al general Mauricio Vargas como testigo a su favor. Vargas era un compañero de clase de Montano de la academia militar y representó los intereses de los militares en las negociaciones de paz que pusieron fin a la guerra civil de 12 años (1980-1992). Vargas, Montano y otros altos jefes militares más fueron purgados de las Fuerzas Armadas sobre la base de su historial de derechos humanos.
Montano es uno de los acusados en el proceso penal seguido ante la Audiencia Nacional de España que conduce el CJA por su papel como uno de los responsables de ordenar el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas que encabezaba el filósofo Ignacio Ellacuría y dos empleadas en El Salvador en 16 de noviembre de 1989. Esto ocurrió en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
En septiembre de 2012, el coronel Montano se declaró culpable de seis cargos de fraude migratorio y falso testimonio por mentir en su solicitud de estatus de protección temporal de inmigrantes (TPI), con el fin de ocultar su carrera militar y obtener un beneficio humanitario al cual no tenía derecho.
La Fiscalía pidió una condena, reforzada por la evidencia relacionada con el papel de Montano en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija, Elba y Celina Ramos de 15 años, respectivamente; y por su larga historia de abusos contra los derechos humanos cometidos por las tropas del militar durante la guerra civil salvadoreña.
“La fiscalía argumentó que Montano llegó a Estados Unidos y mintió sobre su pasado, en parte para evitar la posibilidad de un proceso penal por los asesinatos de los jesuitas”, indica el organismo humanitario.
El perito de la acusación, Terry Karl, profesor de la Universidad de Stanford, ha presentado un informe pericial en el caso y será puesto a disposición de las autoridades judiciales para el interrogatorio.
El CJA inició la causa penal por la masacre de los jesuitas contra 20 ex militares responsables de la matanza, incluidos los demás miembros del Alto Mando junto con el coronel Montano.
Los demandados están acusados de crímenes de lesa humanidad y asesinato, y la Audiencia Nacional de España ha emitido acusaciones, órdenes de detención y las solicitudes de extradición contra los acusados.
El tribunal español pretende que los acusados sean juzgados en España por esos asesinatos.
La solicitud de extradición de Montano está pendiente ante EEUU. En cuanto a los demás acusados que residen en El Salvador, cuando las órdenes de extradición llegaron ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el pleno del Poder Judicial resolvió, el 17 de junio de 2010, no cooperar con el juez Velasco, quien basó su solicitud en el Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre ambos países.
El máximo tribunal salvadoreño alegó que “de accederse a la cooperación judicial, sus efectos impactarían de forma negativa el proceso de pacificación que se ha venido construyendo desde la finalización del conflicto armado interno”.
El objeto de tal decisión judicial fue, entonces, “preservar dicho proceso de pacificación para el logro de una convivencia pacífica y armónica de la sociedad salvadoreña”.
De esa forma, el juez sexto de la Audiencia Nacional de España solo recibió, por intermedio del presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, la ubicación de las viviendas de los militares acusados.
En su sentencia de 24 de agosto de 2011, la Corte en pleno, con diez votos, resolvió declarar que la notificación roja activada “implica únicamente aviso de localización” sobre los militares Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Óscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zarpate Castillo.
Para el máximo tribunal salvadoreño, simplemente se trataba de saber dónde estaban los militares y no de capturarlos.
Sin embargo, al momento de emitir una “alerta roja” no se pretende lo que dice la CSJ. En el sistema de Interpol existen seis tipos de notificación internacional clasificados mediante las tonalidades roja, amarilla, azul, negra, verde y naranja. La primera sirve “para solicitar la detención con miras a la extradición de una persona buscada, y se basa en una orden de detención”. En El Salvador no se cumplió.
El organismo humanitario CJA, con el respaldo del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), ha emprendido el litigio para juzgar a los autores individualmente responsables de abusos contra los derechos humanos, el desarrollo de normas de derechos humanos y promover el Estado de derecho.
El presidente Mauricio Funes afirma que la Ley de Amnistía vigente desde 1993 no cubre los delitos de lesa humanidad, como el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y el magnicidio de monseñor Oscar Arnulfo Romero (1980), a tono con la jurisprudencia universal; pero en su argumentación ha sostenido que esa decisión compete a la Corte Suprema de Justicia y no al Poder Ejecutivo.
Por ese camino, el máximo tribunal ha vuelto a impedir en 2012 que los asesinos fueran extraditados a España, hasta donde fue llevado el caso.
El mandatario sostiene que en su mandato no ha sido ha sido su intención meter al país en el actual dilema, porque considera que la sociedad salvadoreña aún no se ha reconciliado plenamente, dos décadas después del fin de la guerra civil; además, alega que su prioridad ha sido estabilizar a El Salvador y no promover juicios; pero al mismo tiempo dice que se siente obligado a respetar el derecho de los familiares de las víctimas a buscar la verdad y la justicia, en el marco de la separación de poderes.
Cuando un juez español de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, aceptó en 2011 el caso presentado por los familiares, se basó en tres argumentos: que el proceso de 1991 fue fraudulento y no apuntó a los autores intelectuales, que en 2001 tampoco hubo un proceso apegado a derecho y que la amnistía decretada en marzo de 1993 no ampara a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
En el límite de su responsabilidad, el Presidente Funes ordenó al Ministerio de la Defensa poner a disposición de la justicia a ex altos jefes militares procesados en España, pero no los detuvo la policía. Los acusados se refugiaron en un cuartel militar, donde fueron declarados bajo custodia. La decisión de la CSJ les permitió seguir en libertad a todos, excepto a Montano, refugiado en EEUU, de donde podría ser el primer extraditado a España.
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