"Tanto a Iris (Rivera) como a mí nos acosaban que nosotras colaborábamos con la derecha, siempre nos andaban acosando de eso y esas cuestiones por el estilo; por ejemplo nos decían: ¿por qué no dicen que los ex funcionarios de ARENA son corruptos?. A mí personalmente, Venancio Ramírez, el jefe de prensa, él me dijo personalmente que yo no hablaba en mal de ARENA porque yo les debía algún favor", relató Ventura. Añadió que las acusaciones venían desde meses antes de que fueran despedidas.
Al respecto, este periódico consultó a Ramírez, quien es el jefe de prensa de la Radio Nacional, pero se excusó de brindar su versión, aduciendo que la voz autorizada para hablar del caso es el secretario de Comunicaciones de Capres, David Rivas.
Ventura explicó que el 23 de diciembre quien les notificó personalmente de su remoción fue la coordinadora de Recursos Humanos de Capres, Norma Vásquez, a través de una nota oficial.
En dicha carta no se especifica el motivo de la destitución de cada uno de los diez empleados, siete de ellos estaban por ley de salarios y tres por contrato, indicó la reportera despedida.
Agregó que la notificación no mencionaba el pago de indemnización; únicamente que sus contratos habían vencido y que no serían renovados, pese a que algunos tenían más de 20 años de laborar en la radio. Detalló que a uno de ellos, Mario Ancheta, le faltaban cuatro años para jubilarse.
Vásquez les informó verbalmente cuando les entregó la carta de despido, que los contratos cesados por ley de salarios recibirían su compensación en cuotas y que para las plazas por contrato, quedaba a discreción del secretario de Comunicaciones, David Rivas, si tendrían derecho a indemnización, explicó Ventura.
"Nos dijeron que podíamos llegar el 3 de enero (de 2011) a Capres para ver como les iban a dar la indemnización (a los destituidos por ley de salarios) y a nosotros (los de contrato) para ver si el licenciado (David) Rivas decidía indemnizarnos", acotó.
Ante esto, aseveró, los diez afectados interpodrán sus demandas en las Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la General de la República (PGR), para exigir que a los cesados por Ley de Salarios se les haga un solo desembolso.
Tanto Ventura como otra de las afectadas que prefirió omitir su nombre, explicaron que sabían con anticipación que serían suprimidas siete plazas de la radio, por información del presupuesto de 2011 que el Ministerio de Hacienda publicó en su sitio web, en cumplimiento a la Ley de Transparencia que se aprobó recientemente en la Asamblea.
Añadió que esto desvirtúa lo que el 29 de noviembre les comunicó Rivas, de que los puestos serían evaluados. "Él dijo que sí iban a haber despidos pero que se iba a evaluar, cosa que era falsa, porque las plazas por ley de salarios habían sido suprimidas en julio, no es que hubiera habido evaluación", refutó.
Indicó que ya antes habían llevado una carta al presidente Mauricio Funes haciéndole ver dicha situación, ya que el 16 de noviembre solicitaron audiencia con Rivas, pero no respondió. Añadió que eso molestó a Rivas, quien evitó que la nota llegara hasta el mandatario.
"Pasó diez minutos diciéndonos que nos habíamos pasado su autoridad y que íbamos a tener consecuencias graves", reveló. Se intentó hablar ayer con Rivas pero no contestó su teléfono móvil.
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