Los cargos por los que un tribunal de conciencia encontró culpable a este pandillero son: asesinato, conspiración, obstrucción de justicia, entre otros delitos, bajo la ley federal RICO, destinada a combatir las mafias y el crimen organizado.
A Argueta, de 29 años, quien procede del domicilio de Hyattsville, Maryland, se le encontró culpable de ordenar el asesinato de la joven Nancy Díaz y el ataque a otra joven que sobrevivió y se convirtió en testigo clave para encaminar el caso.
El pandillero recibió, además de la cadena perpetua, otros 35 años más en prisión por este y otros delitos que le inculpó la fiscalía.
El fiscal general de Maryland, Rod J. Rosenstein celebró la sentencia que reitera las acciones del ministerio público de su estado para combatir a las pandillas, en especial contra la MS-13 considera como la segunda amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, de acuerdo con informes del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés).
Los fiscales que encausaron el juicio -que concluyó el 4 de marzo- con el veredicto del tribunal de conciencia que encontró culpable al ahora convicto, ha sido apoyado por la agente especial Teresa R. Stoop, del Buró de Alcohol, Tabaco y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés, y que ya está por abrir una oficina en El Salvador) Richard A. McFeely, del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
El fiscal Rosenstein también aseguró que el ministerio público continúa en acciones coordinadas con los departamentos de policía de Baltimore, Prince George's y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la policía de parques del Área Metropolitana de Washington con quienes han manejado estrecha información para lograr ésta y otras condenas.
Los testigos que inculparon a Argueta, que lideraba la clica Salvatruchos Langley Park (LPS) ubicaron al ahora convicto en la planeación del crimen de Nancy Díaz y otra joven, el 17 de septiembre de 2004, cuando junto a otros miembros de su clica confabularon el plan en la afueras de un nightclub de la referida localidad. El crimen se consumó el 25 de octubre de ese mismo año.
De acuerdo con la investigación fiscal, los pandilleros llevaron a las víctimas al cementerio George Washington, de Adelphi, Maryland, para asesinarlas, la sentencia de muerte para las víctimas obedecía a sospechas de que filtraban información a la pandilla contraria. Una de ellas se hizo la muerta con un disparo en la cara y otro en el abdomen. Eso la salvó de ser asesinada.
Uno de los hechores del asesinato de Díaz aún está en proceso para llegar a juicio, Jesús Canales, de 26 años, es encausado también por la ley RICO en la corte del Distrito de Silver Spring, según el ministerio público.
Zona de operación
La clica que lideraba Argueta opera en las localidades de Langley Park, Wheaton, Silver Spring y Hyattsville, en ese estado; zonas pobladas por miles de salvadoreños y de otros países centroamericanos.
Roberto Argueta, Buda, y Jorge Rigoberto Amador, Santo Diablo, son dos de los últimos condenados de un total de 25 pandilleros de la MS-13, todos salvadoreños procesados desde 2006 en la Corte Federal de Greenbelt, bajo esta ley federal aprobada en la década de 1970 para combatir las mafias italianas. Amador recibió su sentencia a finales del año pasado.
A la fecha, la jueza Deborah Chasanow ha procesado a 21 pandilleros, a los que ha impuesto ejemplarizantes condenas. Todos los miembros de pandillas han sido vencidos en juicio y encontrados culpables por los tribunales de conciencia.
Otros pandilleros se han declarado culpables por lo que no han llegado al banquillo de los acusados.
En la lista de sentenciados se contemplan siete condenas de cadena perpetua, cinco condenas de 30 a 37 años de cárcel, seis sentencias de entre 10 y 21 años en prisión y cuatro más que todavía esperan la lectura de la jueza Chasanow.
La fiscalía general de Maryland ha asegurado que seguirá engrosando con nuevas capturas de pandilleros el expediente "Criminal No. DKC-05-0393" y que tienen en la mira a otras decenas de pandilleros para los que aplicarán cargos bajo la Ley RICO que les ha sido efectiva en el combate de la Mara Salvatrucha en varias jurisdicciones de este estado vecino de Washington D.C.
Puro crimen organizado
Desde febrero de 2008, el gobierno de Estados Unidos señaló que la Mara Salvatrucha (MS-13) opera como el crimen organizado y que sus miembros deben ser juzgados como parte de ese grupo sin considerar su participación directa en un crimen.
"La MS-13 celebra la violencia, el robo y el asesinato y castiga a sus miembros si no matan a los pandilleros rivales", dijo en esa ocasión el fiscal federal James Trusty en sus argumentos iniciales en el juicio contra dos presuntos líderes pandilleros en una corte en Greenbelt, Maryland.
Agregó que la meta del gobierno federal en el juicio no es probar "quién apretó el gatillo", sino que los sospechosos forman parte de una organización criminal que cuenta con sus propias reglas y colores bajo el eslogan de "viola, mata y controla".
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