Testigo
El juez Woodlock aseguró que el testigo de Montano, Mauricio Vargas, no era “especialmente creíble”.
Aceptación
Montano reconoció abusos de militares durante la guerra, pero dijo no ser culpable de masacre UCA.
“Lo sentencio a 21 meses de prisión”. Así cerró ayer el juez Douglas Woodlock el primer capítulo de la saga judicial en Boston del coronel Inocente Orlando Montano, exmiembro del alto mando del Ejército salvadoreño. El coronel pondrá pie en prisión el 11 de octubre próximo y luego deberá pasar otro año en libertad condicional.
El tiempo de cárcel es el máximo posible de acuerdo con las guías penales federales en este tipo de casos. Montano es procesado en Massachusetts, estado de Estados Unidos donde vive al menos desde 2002, por ocho cargos criminales relacionados con sucesivas aplicaciones al TPS, dos por perjurio y seis por fraude y uso ilegal de visas, documentos y otros permisos, según la acusación presentada por los fiscales John A. Capin y Donald L. Cabell ante un gran jurado y la corte distrital de Boston el 8 de febrero de 2012.
Desde el principio, el caso migratorio estuvo atado al pasado militar de Montano. Ya en su acusación inicial, el Gobierno de EUA, a través de los fiscales, alegó que el coronel huyó de El Salvador para no enfrentar a la justicia por la masacre de la UCA, en la que una corte española lo involucra.
Y el 8 de enero de este año, el juez Woodlock determinó que iba a escuchar sobre el pasado militar del coronel y sobre los alegatos del Gobierno de que fue parte de la conspiración para asesinar a los seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la UCA, y de que tropas bajo su mando participaron en al menos 1,100 casos de violaciones a los derechos humanos.
Ayer, el juez dijo que no podía dar un veredicto sobre la relación de Montano con violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña porque no le correspondía. Sin embargo, estableció que el testimonio de la experta del Gobierno, la profesora Terry Karl de Stanford, establecía una fundamentación significativa al respecto, y que él estaba convencido de que el coronel tenía responsabilidad por los abusos cometidos por sus tropas.
Por la masacre de la UCA, Montano y otros 20 militares salvadoreños son requeridos como imputados en el Juzgado Sexto de la Audiencia Nacional de España bajo cargos de asesinato, terrorismo y crímenes de lesa humanidad.
Con la sentencia contra el coronel, inicia ahora su proceso de extradición, solicitado por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional española en noviembre de 2011 y en trámite en Washington.
Luego de anunciar el tiempo en prisión, Woodlock se tomó tiempo para explicar su sentencia. Lo hizo así: “Estoy consciente del edificio en el que estoy –el de la corte distrital de Boston, que lleva el nombre del fallecido congresista estadounidense Joseph Moakley–, y de lo importante que Moakley fue para definir la política exterior de Estados Unidos (en los años en que los jesuitas de la UCA fueron asesinados)”.
El excongresista encabezó una delegación especial a San Salvador en 1989, que meses después de la masacre en la UCA elaboró un reporte para el Congreso de Estados Unidos en el cual se establecía que la responsabilidad por las muertes de los seis sacerdotes y dos empleadas no terminaba en el coronel Guillermo Benavides, quien a la postre sería condenado en El Salvador.
Acto seguido, al leer una cita que Moakley dio en 1991 en el campus de la UCA, Woodlock ligó su sentencia contra Montano a aquellos hechos: “No hay justicia a medias. Hay justicia o no la hay. Puedes tener una democracia en que todos –incluidos los poderosos– sean sujetos al peso de la ley o puedes no tenerla”.
Luego, casi al final de su razonamiento, Woodlock citó palabras que Robert Jackson, el fiscal jefe en los juicios de Nuremberg contra criminales de guerra nazis, dijo el 26 de julio de 1946: “…estos acusados piden ahora a este tribunal decir que ellos no fueron responsables de planificar, ejecutar y conspirar para cometer esta larga lista de crímenes…” El juez de Boston añadió sus propias palabras sobre el caso Montano: “Quiero ser muy claro, en El Salvador hubo una guerra, hubo víctimas y hubo un crimen”.
“Está claro que hubo violaciones y que el coronel Montano no tomó acción al respecto”, agregó el juez Woodlock.
El coronel Montano había encomendado su defensa a un congénere y colega del Ejército, el general Mauricio Ernesto Vargas, uno de los militares que formó parte de la comisión del gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) que negoció la paz con el FMLN.
El lunes anterior, a preguntas del defensor de Montano y repreguntas de la fiscalía, Vargas describió a Montano como un hombre dedicado a su trabajo, como alguien que dejó El Salvador como miles de compatriotas en busca de un mejor futuro y como un militar que defendió a su país de una agresión externa.
También dijo que Montano no había sido investigado por la comisión ad hoc de la ONU que en los noventa elaboró un informe sobre militares implicados en crímenes durante la guerra. Dijo Vargas que al coronel la comisión ni siquiera lo había entrevistado. Sobre esto, la profesora Karl había dicho, citando documentos desclasificados, que sí hubo tal entrevista. Ayer, el juez Woodlock dijo que el testimonio del general Vargas no le había parecido “especialmente creíble”.
Durante la audiencia, el coronel Montano aceptó algo que el general Vargas no aceptó, al menos en el testimonio oral y escrito que rindió a la corte de Boston por este caso: “Hubo violaciones de los derechos humanos de parte de militares”, dijo el coronel, quien sin embargo insistió en que no tuvo nada que ver con la masacre de la UCA, a la que calificó de un hecho “lamentable”.
*El autor es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University en Washington, D. C.
